Denuncia penal por acuerdo con TCP

El futuro de Luis Alberto Heber, Rodrigo Ferres, Juan Curbelo y de Juan Olaizola está en manos de la justicia que es quien determinará si quedarán impunes ante el acuerdo que firmaron que compromete económicamente a nuestro país otorgándole una extensión a la concesión de Katoen Natie.

Hace instantes la Fiscalía de la Nación recibió una denuncia penal de parte de los trece senadores del Frente Amplio por entender que estos cuatro referentes de la administración pública uruguaya son los responsables de configurar una serie de delitos “muy graves en perjuicio del país, con abuso en las formas de actuar que fueron ilegítimas y que incumplieron la Constitución de la República y la Ley de Puertos”, según el senador Charles Carrera en conferencia de prensa tras presentar la mencionada denuncia.

“Acá se benefició a una empresa privada en más de mil millones de dólares y se asumieron compromisos para la sociedad uruguaya de más de dos mil millones de dólares”, declaró a continuación el senador de la oposición.

Por otro lado, se refirió a el mecanismo utilizado por los responsables de cuidar los recursos públicos para cerrar el acuerdo: “hay un conjunto de decisiones que se debían haber tomado en el ámbito del directorio de ANP del que se apropiaron el presidente de la Administración, [Juan Curbelo] y el entonces ministro de Transportes y Obras Públicas, Luis Alberto Heber; resolviéndolas fuera del ámbito correspondiente”.

Para el senador Charles Carrera la decisión tomada en secreto y de manera inconsulta que otorga el monopolio del movimiento de contenedores hasta el 2081 a la empresa belga genera perjuicios para el país y la administración pública que, asevera: “es un acuerdo infirmable para cualquier persona del derecho privado porque no se puede disponer así del patrimonio, pero gestionando recursos públicos es inadmisible”.

Como si las razones fueran pocas, el senador frenteamplista declaró que a este acuerdo lo rodea también “falsificación ideológica” por no haber sido consultada la Administración Nacional de Puertos, recaudo que marca la ley, para su concreción “y lo podemos comprobar documentalmente”, agregó. Según cuenta, la obligatoria consulta a ANP, órgano asesor en materia portuaria, se presentó luego de dictado el Decreto de reglamento de atraque y buques que le da a la empresa privada la potestad plena de todos los movimientos en el puerto de Montevideo.

“Hoy hay un paro en el puerto desde hace varias horas que culminará mañana en el cual hay un perjuicio a 700 familias que van a perder su ingreso porque el país a partir de este acuerdo es un derrotero en materia portuaria”, señaló a su vez trayendo a colación el paro que las y los trabajadores de TCP están llevando a cabo por no llegar a un acuerdo en las negociaciones sobre el convenio colectivo en el que la empresa que tendrá por sesenta años el monopolio le niega un mínimo de jornales asegurados a sus trabajadores, precariza su labor y no garantiza condiciones de seguridad en sus tareas.

“La denuncia la recibió un funcionario de la Fiscalía y ahora se inicia el trámite, se da número de expediente y se designa un fiscal. En nuestra opinión debería caer en delitos económicos”, finalizó Carrera dando cuenta de un proceso de trabajo e investigación de los legisladores de su partido político.