El acuerdo con Katoen Natie podría derivar en caminos judiciales

Los débiles argumentos para la extensión de la concesión de la terminal especializada de contenedores del puerto de Montevideo hasta el 2081 se basan en haber evitado un supuesto juicio millonario contra el Estado uruguayo por parte de la empresa belga, con argumentos pocos consistentes y montos que por sí mismos generan descrédito.

Sin embargo, en su cuenta de Twitter el senador Charles Carrera Leal, integrante de la Comisión de Transporte por la oposición junto a Mario Bergara y Eduardo Bonomi; publicó la respuesta, firmada por el Secretario de la Presidencia de la República, a distintos pedidos de acceso a la información pública en cuanto al pacto: "Se confirmó que no existen informes jurídicos ni financieros que hayan estudiado el monto reclamado por la empresa Katoen Natie, a efectos de evaluar la pertinencia del acuerdo", escribió el pasado 9 de julio.

La decisión tomada diez años antes del vencimiento del plazo y durante 50 años más después de finalizado el mismo fue duramente criticada por distintos partidos políticos, empresas afectadas que operan dentro del puerto de Montevideo y el Sindicato Único Portuario. Y es que como se ha venido denunciado desde distintas áreas, disponer la prioridad en la terminal de contenedores que supone la generación de un monopolio es contrario a la Ley de Puertos, a sus decretos reglamentarios y a la Ley que dio origen a la Sociedad Terminal Cuenca del Plata, normas en las que se establece la libre competencia y la libertad de elección de los consumidores.

La falta de transparencia del acuerdo del gobierno con Katoen Natie debería ser motivo suficiente para, al menos, poner en duda el propósito de este. Y es que una cosa queda clara: si existiera un solo fundamento por el que una empresa estatal -que pertenece nada más y nada menos que a todas y todos los ciudadanos de este país- abordando un contrato de tales características beneficiara a las y los uruguayos no habría necesidad de ocultar la información, sino anunciarla con bombos y platillos... por qué no.

Por el contrario, Carrera lo tilda de "entrega vergonzosa de nuestro puerto y la evidente pérdida de soberanía para regular nuestra política portuaria" y expresó que resultan evidentes los niveles de "ilegalidad, desprolijidad y falta de apego a la función pública, cuando se negoció con la multinacional" al analizar la información preliminar obtenida a través de los mencionados pedidos de informes.

En esta línea, el Frente Amplio resolvió promover una interpelación en el Parlamento a las políticas portuarias a través del ahora ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero.

"El recurso se toma porque se quiere terminar de entender las acciones que motivaron la mayor entrega de soberanía nacional que hizo nuestro país, me atrevo a decir, en los últimos cien años al menos. Pero además porque corresponde escuchar al Poder Ejecutivo, ver que tiene para decir y que aclare nuestras dudas", señaló al respecto.

Reafirmó por otro lado que "Si bien en una interpelación se hacen preguntas, también se solicita que se asuman las responsabilidades políticas que amerite el caso. Este escándalo del puerto, lamentablemente para nuestro país, no va a ser la excepción. Es muy grande y graves las irregularidades detectadas hasta ahora".

"Eso se verá"

El parlamentario consultado le confirmó a Somos Puerto que no está descartado ningún camino posterior a la interpelación tanto político como judicial dado que "Opacidad y discrecionalidad, fueron regla en un acuerdo que compromete el futuro de nuestro puerto".