El gobierno prepara su defensa ante demanda millonaria contra Uruguay por monopolio portuario otorgado a Katoen Natie

El gobierno uruguayo se encuentra en plena preparación de su defensa ante la millonaria demanda presentada por Montecon, empresa que opera en los muelles públicos del Puerto de Montevideo. El reclamo, por un total de 600 millones de dólares, fue presentado por sus inversores chilenos y canadienses ante un tribunal internacional, en el marco de los tratados de protección de inversiones firmados por Uruguay.

El origen de esta disputa se remonta al acuerdo firmado en 2021 por el gobierno de Luis Lacalle Pou con la empresa belga Katoen Natie, mediante el cual se extendió la concesión de la Terminal Cuenca del Plata (TCP) hasta el año 2081. Este convenio no solo prolongó el control de la firma sobre la terminal especializada, sino que le otorgó un trato preferencial para la carga y descarga de contenedores, generando, en la práctica, una situación de monopolio en el puerto.

Lacalle Pou y jerarcas en acto de celebración con Katoen Natie

Montecon argumenta que esta decisión gubernamental afectó gravemente su operativa, impidiéndole continuar con la transferencia y almacenamiento de contenedores en los muelles públicos. Según la empresa, esto constituye una violación del principio de libre competencia, además de un incumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por Uruguay para brindar un trato justo y equitativo a los inversores extranjeros.

La defensa del Estado se articula desde Presidencia de la República, con la participación del prosecretario Jorge Díaz y el respaldo de un estudio jurídico especializado en Estados Unidos. También colaboran otras instituciones estatales, con el objetivo de armar una estrategia jurídica robusta que permita enfrentar este litigio internacional con garantías.

Este conflicto judicial representa uno de los mayores desafíos legales y financieros que enfrenta Uruguay en el ámbito internacional en los últimos años. Más allá del impacto económico de una eventual sanción, la causa expone los cuestionamientos al acuerdo con Katoen Natie, al que diversos sectores han señalado como una entrega injustificada del negocio portuario a una empresa extranjera, afectando la competencia y la soberanía operativa en una infraestructura clave para el comercio exterior del país.

El desenlace del juicio podría tener implicancias relevantes para el modelo de gestión portuaria en Uruguay, así como para la política de atracción de inversiones extranjeras en sectores estratégicos.