Ya hubo juicio contra Katoen Natie, ganó el Estado

En el proceso de investigación, trabajo y preparación para la interpelación que se hará el próximo 18 de agosto al exministro de Transporte y Obras Públicas, Luis Alberto Heber; el conjunto de senadores de la oposición encontró un conjunto de actos jurídicos dictados por Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), máxima autoridad en materia de justicia administrativa, que le da la razón al Estado uruguayo en juicio contra Katoen Natie donde la empresa reclamaba el monopolio del movimiento de contenedores.

Si bien el altercado judicial no fue mencionado por TCP cuando asistió a la Comisión Transporte del Senado, con esta sentencia del TCA hay un precedente de la justicia administrativa que puede hoy anular el contrato que le regala la soberanía del puerto de todas y todos los uruguayos, que fue negociado a puertas cerradas entre el gobierno y la empresa belga.

Desde el gobierno se tomó como una victoria el acuerdo que extiende la concesión de Katoen Natie hasta el 2081 porque, al parecer, con esto se evitaría un juicio internacional millonario contra el Estado, "yo con la plata ajena soy muy cuidadoso, tengo que defender la plata de todos los uruguayos", vociferaba Heber al respecto el pasado 10 de marzo, cuando todavía era ministro.

Un juicio dudoso de que fuera a suceder dados los incumplimientos de la empresa y las leyes que amparaban a nuestro país, y que, además, como hoy se enunció en conferencia de prensa, uno que ya había existido y donde los fundamentos de TCP no fueron para nada bienvenidos.

En la conferencia de la bancada de senadores del Frente Amplio, Charles Carrera, (que será el senador interpelante el próximo 18) expresó: "Queremos dar a conocer esta situación porque es un hecho muy grave de que el máximo órgano de justicia le haya dado la razón al Estado uruguayo en este conflicto, pero resulta que la sentencia que dicta que Katoen Natie no tenía ningún derecho de monopolio, no fue llevada a consideración a la hora de negociar".

Si de gravedad se habla, según cuenta Carrera los asesores de la bancada de la oposición concurrieron el pasado lunes al TCA a retirar el expediente mencionado para que fuera presentado en la interpelación, pero el Ministerio de Transporte y Obras Públicas había solicitado media hora antes el desarchivo del mismo.

"Uno puede pensar que el ministro [Heber, a la hora de firmar el contrato con TCP] actuó con dolo porque no solicitó informes jurídicos internos ni al Ministerio de Transporte ni a ANP, ni solicitó informes económicos", señaló el vocero de la bancada del Frente Amplio.

Otra de las hipótesis que sostuvo fue la "total negligencia e incompetencia del ministro Heber en representación de Luis Lacalle Pou en el desarrollo de esta negociación que causa muchos perjuicios".

Hoy el Estado está expuesto a demandas de todas las empresas que trabajan con contenedores en el puerto de Montevideo, "el daño que se ha hecho al país es enorme, en vano, además, teniendo en cuenta el prestigio que tenía en el manejo de conflictos internacionales y de la seguridad jurídica", lamentó Charles Carrera.

"Actualmente el Frente Amplio no tiene las mayorías para declarar nulo este contrato, pero cree que es lo que tiene que hacer el sistema político uruguayo, máxime con estos antecedentes con la sentencia del TCA", mencionó por otro lado.

Y agregó "nosotros esperemos que el sistema político uruguayo el 18 de agosto actúe con responsabilidad, asumamos la responsabilidad que tenemos por delante y tratemos de declarar nulo este acuerdo para que se inicie un nuevo proceso de negociación como lo plantean juristas y expertos de todos los partidos políticos que están muy preocupados por las consecuencias que esto tiene para el país, porque aquí se está violando la Constitución de la República y un conjunto de leyes"

"Exigimos la responsabilidad política del firmante ministro Heber que representó a Lacalle", aseveró al finalizar.

EL ACUERDO PARA LOS INTERPELANTES ES:

- Inconstitucional porque se establece un monopolio a favor de una empresa privada sin el debido mecanismo para hacerlo para lo que la Constitución exige una ley dictada por mayorías especiales.

- Ilegal porque se violan un conjunto de disposiciones y la ley madre en materia portuaria que es la Ley de Puertos que establece la libre competencia, lo que quiere decir que en el puerto de Montevideo debe haber diferentes operadores portuarios y los usuarios tienen el derecho de elegir a qué operador le conviene más. Se viola la ley que estableció la concesión en el 2001 y la de defensa de competencia.

- Inconveniente para los intereses nacionales porque afecta toda la cadena económica: afecta el comercio exterior a los exportadores, pero también afecta la importación y el comercio interior. Nos afectará a cada uno de nosotros cuando vayamos a comprar un producto, un combustible, la vestimenta, algun electrodoméstico en los almacenes y las tiendas de nuestro país. Nos va a afectar porque se establece un monopolio privado sin regulación y es la empresa quien establece las tarifas que si son con recargo nosotros vamos a tener que pagarlo

LA HISTORIA CON EL FINAL QUE NO DEBIÓ SER

. 2001 - EL COMIENZO

Katoen Natie gana una licitación pública para gestionar la terminal especializada de contenedores a cambio de efectuar inversiones, quedando el servicio 80% de la frma belga y 20% de ANP.

.2002 - UN NUEVO PUERTO, KATOEN NATIE LO VE MAL

La presidencia de Jorge Batlle dictó una licitación pública internacional para dar la concesión de una terminal polivalente de un conjunto de muelles del puerto de Montevideo y en esa concesión se estableció que se podría trabajar con grúas pórtico y con contenedores.

Ante esto Katoen se sintió agraviado pues sostenían que deberían tener la exclusividad en el movimiento de contenedores a partir de la licitación que ganaron el año anterior.

El Estado entonces presidido por Jorge Batlle, en una actitud republicana y de defensa del interés nacional, defendió la posición de que en el puerto de Montevideo rige la libre competencia y que no existía ninguna norma que le diera la exclusividad al grupo Katoen Natie por lo que comenzó un camino judicial.

.2004 - LA HORA DE LA VERDAD

Comienza un juicio entre Katoen Natie y el Estado uruguayo.

.2008 - URUGUAY DE LIBRE COMPETENCIA

El Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que es la máxima justicia administrativa de nuestro país le da la razon al estado uruguayo dictaminando que en el puerto de Montevideo rige la libre competencia, quien puede disponer de la política portuaria en nuestro país es el poder ejecutivo en conjunto con la Administración Nacional de Puertos

.2021 - EL QUE ESPERA, LO LOGRA.

Se firma un contrato que le otorga el monopolio en el movimiento de contenedores a Katoen Natie para evitar un nuevo supuesto juicio que demandaría a nuestro país por US$ 1.500 millones por, justamente, no tener el monopolio en el movimiento de contenedores.

Un juicio que quince años atrás ya había fallado a favor del Estado uruguayo por entender que Katoen Natie no tenía ningún derecho de monopolio.

KATOEN NATIE, LA EMPRESA QUE SIEMPRE QUISO EL MONOPOLIO

Katoen Natie es a la empresa a la que se le entregó la soberanía del puerto de Montevideo, la que le amputa al estado uruguayo la posibilidad de dictar las políticas portuarias, a la que habrá que pedirle permiso para establecer el tránsito en el puerto de Montevideo durante sesenta años.

"Desde el año 2013 su principal característica es precarizar las relaciones laborales, contratar en forma eventual, rebajar las condiciones de trabajo para los nuevos ingresos, e incumplir con la escala de jornales asegurados establecida en la Ley 19787.

Tampoco respeta las condiciones de seguridad y salud en el trabajo referidas en el Decreto 394/2018, específico para la actividad portuaria", según el Sindicato Único Portuario.

"No muestra a la fecha volumen de trabajo suficiente, que no cumple con los movimientos mínimos desde el 2012, que lleva 2 de los 3 años dispuestos en el contrato con incumplimientos que determinarían causal de rescisión, con conductas claramente abusivas en su calidad de accionista mayoritario, que ha tenido una relación de confrontación permanente con el Estado, de difícil relacionamiento con sus clientes y competidores, así como con sus trabajadores, precarizando el trabajo, sin convenios colectivos, incluso con contrataciones de personal en carácter eventual, con salarios cada vez más bajos, negándose al pago de jornales mínimos", según la directora vocal del puerto de Montevideo.